Educación, trabajo, cobertura médica y más beneficios para discapacitados

diciembre 06

13:172013

Quito (Pichincha).- El Presidente, Rafael Correa, emitió ayer el reglamento para la Ley Orgánica de Discapacidades. Este cuerpo legal articula una política estatal, pionera en el mundo, en atención a este grupo prioritario.

El reglamento incluye acciones concretas en beneficio de las personas con discapacidad. Por ejemplo en educación e inclusión laboral. En la primera se establece que el Ministerio de Educación debe conformar equipos especializados para realizar evaluaciones integrales y así definir la modalidad de atención educativa y atención complementaria a los estudiantes y a sus familias.

En el caso de la inclusión laboral se determina que se hará un control permanente para que las empresas privadas y entidades públicas cumplan con los porcentajes de contratación de personas con discapacidad. Esta vigilancia precautelará que los porcentajes de empleados sean acordes con la ley.

Asimismo, la norma ratifica los beneficios tributarios a favor de este grupo tributario. Para alcanzar este beneficio deben tener un certificado de evaluación de discapacidad o condición discapacitante superior al 40 por ciento.  Luego de este rango se obtendrá esa rebaja según una tabla que va de una reducción del 60 por ciento con un rango de capacidad del 40, hasta una rebaja del 100% con una condición de discapacidad del 85 por ciento.

Esta evaluación será obligatoria para todas las personas que quieran contar con los beneficios. La calificación, según recalca el reglamento, será gratuita y estará a cargo del sistema nacional de salud. Luego de la calificación, las personas con discapacidad recibirán un certificado que le servirá para realizar todos los trámites. También recibirá una tarifa especial en servicios públicos, transporte y ventajas para la importación de vehículos para su movilidad.

Otro punto que se destaca en el reglamento es que las empresas de cobertura médica prepagada y de seguros de vida no podrán excluir a personas con discapacidad. Ellas deberán brindar esa atención conforme a los certificados de evaluación que haya emitido la autoridad pública de salud.

Asimismo, los sistemas de vivienda pública darán prioridad a las personas con discapacidad y todas las construcciones deberán contar con espacios vinculantes y a favor de este grupo prioritario.

El Decreto Ejecutivo también ordena que el reglamento entre en vigencia con su publicación en el Registro Oficial. CIT / El Ciudadano